Consecuencias de la asonada militar y la dictadura civil militar: Cifra de víctimas es de 40.175 personas, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y afectados por prisión y tortura. Según Informe Rettig, Informe Valech, Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, hubo 2.125 ejecutados y 1.102 detenidos desaparecidos. 1.162 chilenos y chilenas permanecen en calidad de detenidos desaparecidos
Carlos Margotta. Presidente Comisión Chilena de Derechos Humanos. Santiago. 7/9/2023. Hasta el 11 de septiembre de 1973, los derechos humanos no formaban parte del debate público en nuestro país. A pesar que un destacado jurista chileno, Hernán Santa Cruz, había participado en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento nacido como respuesta de la comunidad internacional a la barbarie nazi-fascista desatada durante la Segunda Guerra Mundial.
El golpe de Estado no sólo trajo la interrupción de la vida democrática a través del derrocamiento de un Gobierno legítimo, encabezado por el Presidente Salvador Allende, sino la aplicación de una política de exterminio que produjo terror en la población y la consecuente violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos de la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas.
Todos y cada uno de los derechos contemplados en los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos fueron violados sistemáticamente por la cruenta dictadura que se impuso en nuestro país a sangre y fuego. Los derechos humanos, por tanto, se incorporaron abruptamente al imaginario colectivo y pasaron a formar parte de la demanda nacional e internacional de exigir su respeto y debida protección. De acuerdo a las distintas comisiones creadas para establecer la Verdad, la cifra total de víctimas calificadas oficialmente es de 40 mil 175 personas, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura.
Hoy, a 50 años de implementada esa política de exterminio, y transcurridos 33 años de transición, los derechos humanos y la exigencia por su debido respeto, siguen formando parte del debate público, principalmente porque desde la sociedad civil, las agrupaciones de familiares de víctimas, las víctimas sobrevivientes, los organismos de derechos humanos y gran parte del mundo social organizado, siguen demandando del Estado el cumplimiento de sus obligaciones internacionales propias de la denominada Justicia transicional, esto es, el establecimiento de la Verdad y aplicación de la Justicia en materia de los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura, así como reparar a las víctimas sobrevivientes y a sus familiares e implementar Garantías de no repetición, para que Nunca Más la sociedad chilena repita la traumática experiencia vivida durante 17 años.
Efectivamente, estas cuatro obligaciones internacionales exigibles a todo Estado pos dictatorial, continúan sin ser cumplidas debidamente por parte del Estado chileno. Es así como en materia de Verdad, 1.162 chilenos y chilenas permanecen hasta el día de hoy en calidad de detenidos desaparecidos, lo que constituye no sólo un incumplimiento normativo por parte del Estado sino una inaceptable deuda moral para con el conjunto de la sociedad chilena. En materia de Justicia, si bien hay un centenar de criminales de lesa Humanidad condenados y encarcelados (en condiciones de reclusión privilegiadas y con bajas penas), la cifra de violadores derechos humanos que han respondido ante la Justicia, no se condice con la magnitud de la tragedia vivida. Cientos de ellos gozan de la absoluta impunidad y las víctimas sobrevivientes muchas veces, particularmente en las ciudades pequeñas, se encuentran con sus aprehensores y torturadores en la calle, lo que constituye una forma de revictimización inaceptable.
En materia de reparación, las políticas de Estado implementadas en estos 33 años no se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos pues están muy lejos de constituir una reparación integral.
Al debe en garantías de no repetición
Y respecto de las garantías de no repetición, el Estado de Chile está absolutamente al debe. No ha habido reestructuración de las Fuerzas Armadas y Carabineros, no ha existido una reforma profunda al Poder Judicial ni se han implementado políticas que promuevan la formación en derechos humanos en la ciudadanía, tanto en la educación formal como informal. Todo lo anterior, se ve agravado por la inexistencia de políticas de Memoria desde el Estado.
A nuestro entender, dichos incumplimientos facilitaron la aplicación de una política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos implementada por Sebastián Piñera para controlar la revuelta social de octubre de 2019. La ausencia de políticas de formación en derechos humanos al interior de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, contribuyeron a la feroz represión desatada en contra de quienes se manifestaban multitudinariamente en contra del orden establecido. La vulneración de los Protocolos sobre el uso de la fuerzapor parte de las fuerzas policiales fue constatado y representado al Gobierno, por los organismos internacionales de derechos humanos especializados que visitaron Chile y elaboraron sendos Informes sobre la materia.
También, la Impunidad de los crímenes de la dictadura se repitió con los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la revuelta social. En efecto, el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos reconoció recientemente que sólo en 26 casos de las 3.174 querellas presentadas, hubo sentencia condenatoria.
En cuanto a la reparación de las víctimas, las políticas sobre la materia son aún incipientes e insuficientes.
Respecto de las garantías de no repetición, principalmente de la necesaria reestructuración de Carabineros, el Gobierno ya renunció a esa promesa de campaña y la débil reforma enviada al Congreso, no avanza.
Mientras tanto, continúan encarcelados arbitrariamente, un número significativo de presos políticos de la revuelta social.
La reivindicación de derechos
Ciertamente, los derechos humanos no deben reducirse a los más esenciales, como lo son el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad personal. Sin embargo, su violación masiva y sistemática afectaron y golpearon duramente a la sociedad chilena durante la dictadura. Las ejecuciones políticas, las desapariciones forzadas, la prisión política y la tortura, el exilio y la relegación, conmovieron la conciencia de los chilenos y chilenas y movilizaron a millones en la exigencia por el respeto y debida protección de los derechos humanos. También concitó una amplia solidaridad de los pueblos del mundo y la condena permanente del régimen dictatorial por parte de Naciones Unidas y su sistema de protección internacional de los derechos humanos.
La revuelta social iniciada en octubre de 2019, permitió poner en práctica el amplio alcance que tienen conceptual y normativamente los derechos humanos, incorporando en la lucha por su respeto y garantía, otras demandas sociales constitutivas de derechos humanos como lo son los derechos sociales (derecho a la educación, la salud, la seguridad social, los derechos laborales, la vivienda digna, entre otros), así como los derechos de la mujer y de los pueblos indígenas, los derechos ambientales y los derechos de las diversidades sexuales, los derechos de los niños, niñas y adolescentes y las personas en situación de discapacidad.
Todos esos derechos son derechos humanos que el Estado chileno debe respetar y garantizar, en virtud de la suscripción y ratificación de los diversos tratados internacionales sobre la materia que lo obliga a su debido cumplimiento.
A su vez, el más importante derecho colectivo que se demandó durante la revuelta social, fue sin duda el derecho de libre determinación, consagrado en el Artículo 1° homónimo tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos suscritos y ratificados por Chile.
La más importante expresión de ese derecho es la facultad de ejercer la soberanía popular y establecer entre todos y todas, el marco de convivencia social al que aspiramos mayoritariamente, y consagrarlo normativamente en una Constitución.
Hoy, al cumplirse 50 años del Golpe de Estado, la demanda por el respeto y garantía de los derechos humanos, al igual que en Dictadura, debe seguir siendo una demanda prioritaria que una y convoque al conjunto de la sociedad chilena, porque sólo la obtención de este propósito permitirá asegurar el establecimiento de una sociedad verdaderamente democrática, alcanzar una sólida paz social y la plena realización de la dignidad humana de todos y cada uno de los y las habitantes de nuestro país.
